Poderes del Estado

Uno de los elementos más tradicionales del modelo institucional que, junto al principio democrático, se ha desarrollado en los últimos siglos es el del Estado de Derecho, caracterizado porque tanto las personas como los órganos del Estado se encuentran sujetos a reglas jurídicas que se aplican a todos por igual.

Dado que el poder se encuentra limitado por el ordenamiento jurídico, este debe sujetarse a ciertas exigencias formales, como son los principios de legalidad o de imperio del Derecho y de separación de las funciones públicas, junto con algunas de carácter material, como el respeto al principio democrático y a los derechos fundamentales.

Como parte integrante del Estado de Derecho, el ya mencionado principio de separación de las funciones públicas busca dividir las funciones más básicas del poder del Estado y asignarlas a instituciones distintas, de modo tal que el poder de cada una de ellas sea limitado y controlado, recíprocamente, por las otras. Así, en su formulación tradicional, los poderes para legislar, para ejecutar lo legislado y para resolver los conflictos jurídicos fueron divididos en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, respectivamente.

Originalmente el principio de separación de poderes suponía una clara diferenciación y delimitación entre tres funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, atribuidas a tres órganos, que las ejercían en un marco de cierto equilibrio entre ellas. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas democráticos occidentales se ve hoy un cierto declive de los parlamentos, y una cada vez mayor fortaleza de los ejecutivos, tanto en los regímenes presidenciales como en los parlamentarios. Ello resulta especialmente llamativo en estos últimos, en los que el gobierno se forma, precisamente, desde el parlamento. A lo anterior se agrega la cada vez mayor importancia que han ido adquiriendo los jueces en materia de control de las actuaciones del ejecutivo y del legislativo.